Los Agusti

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Pasan gobiernos de diferentes signos políticos pero todos, independientemente de su ideología económica, de sus promesas de campaña y de su esmerada retórica discursiva, coinciden en la misma premisa según la cual al campo hay que rapiñarle hasta el último recurso fiscal disponible, quitándole toda posibilidad de maximizar su capacidad productiva y generadora de divisas genuinas que el país necesita desesperadamente, y sin las cuales parece imposible transitar sustentablemente un camino de crecimiento sostenido e inclusivo de la economía para así superar los vergonzosos índices sociales que muestran a la mitad de los argentinos por debajo de la línea de pobreza.

Siempre resulta más atractivo para el presidente de turno hacer todo lo posible por incrementar o cuanto menos mantener el mayor lastre que pesa sobre el productor agropecuario: los Derechos de Exportación.

La excusa cambia de argumentación, pero nunca de resultado, desde la necesidad del Estado de apoderarse de esa parte de la propiedad privada para promover su "justa" redistribución hasta la importancia de ese robo institucionalizado para posibilitar el superávit fiscal. El desenlace termina siendo siempre el deterioro aún mayor de todas las variables económicas y sociales que se pretenden mejorar sobre la base de tan injustificable exacción.

El tiempo sigue su curso inexorable, los productores siempre terminan siendo testigos de promesas incumplidas y el país, gobierno tras gobierno, se sumerge en peores condiciones, con un interior saqueado y ciudades con gigantescos cinturones de pobreza que sólo atinan a refugiarse en los brazos de un Estado asistencialista, de izquierda, derecha o libertario.

Con la clara intención de acompañar y ayudar a un gobierno al que todos los argentinos necesitamos que le vaya bien, es que no podemos permitirnos caer en la actitud obsecuente de callar lo que, para quienes día a día tratamos de producir alimentos y energía, constituyen reiterados errores de gestión: la continuidad de los Derechos de Exportación, el Impuesto País, el Cepo y sus consecuentes distorsiones e intervenciones cambiarias, son frenos insoslayables para la superación de una crisis que parece interminable y, por lo tanto, su eliminación inmediata no puede estar atada a ninguna especulación política ni electoral.

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