El productor agropecuario, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y ex secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, elaboró un informe en base a dos escenarios. Por un lado, quienes llevaron adelante la siembra de soja en campos alquilados, con un costo de arrendamiento que oscila entre 6 a 18 quintales por hectárea.

“Esto representa en el país un 60 % de la superficie cultivada de soja”, señaló. El cálculo se base en un campo alquilado, con un rinde promedio de 20 qq/ha".

Con este nivel de productividad y a valores actuales, el ingreso bruto de estos productos es de U$S1.100.

De esta cifra, el Estado se queda con U$S 363 en concepto de derechos de exportación. Agregando el resto de los tributos -como Impuestos al Cheque, Ingresos Brutos y Ganancias– el Gobierno se lleva el 64,9% de la renta generada por el agricultor, unos U$S 713,8 por hectárea.  La cuenta es por demás dura: por cada hectárea, el productor perderá U$S 360,1.

“El resultado final es que el Estado se queda con casi el 65% de los dólares que ingresan por una hectárea de soja mientras el productor que invierte, alquila campo y siembra pierde el 32 % de su inversión”, advirtió.

En el caso del campo propio, el Gobierno percibirá -sobre el mencionado ingreso de U$S 1.100 por hectárea- unos U$S 563,7. Esta cifra representa el 51,2% de su rentabilidad. “El productor invirtió en su campo 558,87 U$S/ha, de los cuales recupera 525,29 U$S/ha teniendo una pérdida de 33,48 U$S/ha”, señaló.