El incremento, según anunció el Gobierno nacional llevará al 15% a todas las cadenas de valor, exepto la lechería y unas 20 economías regiomales.

 El complejo soja pagará 33% tanto como en poroto e industrialización, tras la eliminación del diferencial de 2% a favor de las aceiteras. 

Esta situación valió un fuerte rechazo por parte de la Cámara de la industria aceitera mientras que también expresó su queja ante la Cámara del Maní porque ese producto quedó afuera de los excluidos de la suba impositiva.

En este contexto, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) se sumó a las voces en contra y solicitó a la Secretaría de Bioeconomía que se excluya al huevo y los ovoproductos del listado de posiciones arancelarias que tributarán el 15%. 

“Entendemos el contexto de país, pero no es lo mismo cobrar el 15% a sectores primarizados, que cobrarle 15% a quienes transformamos y agregamos valor a esos productos primarizados”, advirtió Javier Prida, presidente de la entidad.

 Prida calculó que hoy una empresa promedio que trabaja con 50.000 aves tiene una pérdida de $1.500 por cajón producido. Esta situación impacta de lleno sobre todo en los establecimientos de menor escala, que tienen costos fijos más elevados. 

Del mismo modo, desde Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, entidad que nuclea a nueve cámaras del sector pesquero, analizaron el impacto de la suba de los derechos de exportación para la actividad. 

Se trata de una actividad en donde la mayoría de las pesquerías tienen en los barcos a sus tripulantes cobrando salarios que dependen un 85% de la producción. Estos sueldos están atados al tipo de cambio oficial, al igual que el combustible y los insumos importados como envases de cartón y repuestos.

“La imposición de un derecho de exportación del 15%, sumado a un incremento del costo de los insumos, no sólo licuarán los beneficios de un mejor tipo de cambio, sino que impactarán negativamente en la competitividad internacional de la pesca argentina” sostuvieron.