Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) afirmaron que esta modificación implica directamente mandar a la quiebra a estas firmas. Se tratan de 27 plantas radicadas en distintas provincias, que generan 2000 puestos laborales, según afirmaron.

En tanto, desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que representa a los grandes jugadores del sector, respaldaron la apertura del mercado local y afirmaron que “seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor”.

“Es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre. Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país”, acotó el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta.

Las empresas socias de Carbio representan el 70% de producción de biodiésel en Argentina, y el 100% de las exportaciones argentinas. Según datos de la entidad, el sector emplea a 3500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectas.

Mientras tanto, las exportaciones del biodiésel se desplomaron en 2023 y representan el peor año desde el 2008. No llegaron a las 300 mil toneladas (98% de los envíos son a la Unión Europea y 2% a Canadá) contra las más de un millón de toneladas exportadas en 2022. Esta caída se debe al desincentivo que hubo por la demanda.