Los directivos de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, CIMCC, entregaron a las autoridades provinciales y nacionales un documento de trabajo con una propuesta de compensación fiscal para evitar el tremendo impacto que generarán los derechos de exportación de manufacturas de origen industrial, en caso que se sostengan tal como lo propone el proyecto de Ley que se encuentra en análisis de Comisiones en el Congreso de la Nación.  

Se trata de un trabajo que en primera instancia inició la Cámara de manera interna, analizando la situación para luego presentar su implicancia a las autoridades de la cartera económica nacional y provincial, siguiendo la discusión de la problemática con legisladores, el Ministro de producción de Córdoba y con el gobernador, Martín Llaryora. 

Además, con su exposición a través del asesor económico de CIMCC, Gastón Utrera, el trabajo llegó también al Plenario de Comisiones del Congreso de la Nación donde se están discutiendo las diversas medidas que alcanza el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” impulsada en este inicio de año, por el Gobierno nacional. 

El documento elaborado y presentado a cada una de las autoridades pertinentes pretende brindar una alternativa al esquema de derechos de exportación e impuesto PAIS planteado por el Poder Ejecutivo nacional, con el fin de evitar la paralización de la producción y la pérdida de puestos de trabajo que la medida producirá si no se revisa en los puntos allí expuestos por la entidad empresaria. 

En concreto, el documento que ya está en manos de todas las autoridades y responsables del rumbo que tomará el país en cuanto al futuro productivo de la Argentina propone modificar un artículo que establece la distribución de la recaudación de los impuestos a los combustibles líquidos para reorientarla hacia el tesoro Nacional preservando la participación de provincias y sistema previsional.

De este modo, la CIMCC abordó esta problemática que considera de extrema gravedad si no se toman en cuenta las consideraciones presentadas ante el Congreso y todas las autoridades correspondientes.