La Secretaría de Agricultura, que lidera Fernando Vilella, aclaró que hará partícipes a los productores de la reglamentación de una reforma a la ley de semillas, que generó diferencias en las Mesa de Enlace.

La adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV-91), que propone el proyecto oficial de Ley de Bases, generó polémica en el sector agropecuario sobre el uso de las semillas y el Gobierno ahora promete consensuar con toda la cadena agrícola los cambios que implicaría.

Según explicaron desde la cartera agropecuaria, el sistema de la UPOV fue creado para la protección de variedades vegetales. “Adherir al ACTA 1991 protege la propiedad intelectual de los obtentores públicos y privados, genera ingresos para continuar invirtiendo en nuevas variedades y garantiza el uso propio por parte de los agricultores”, fundamentaron.

Por medio de un comunicado, aclararon que, antes de su reglamentación, toda la cadena, incluidos los productores, van a consensuar los criterios de excepción al pago de uso propio.

“Significa, por ejemplo, que van a acordar quienes no tendrán que pagar por la tecnología de acuerdo al volumen de producción, hectáreas producidas, categorías impositivas, u otros posibles criterios”, describieron.