Agricultores y ganaderos europeos empiezan a rebelarse contras las políticas medioambientales y fiscales implantadas en la UE, cuyo objetivo, en teoría, persigue reducir las emisiones de CO2 de este particular sector mediante prohibiciones y restricciones de todo tipo que, en última instancia, terminan encareciendo sus productos, sobre todo si se comparan con las importaciones que llegan de terceros países, que no cumplen tales condiciones.

Las protestas se han ido extendiendo e intensificando por todo el continente en los últimos años. En Holanda, la movilización del campo contra las políticas climáticas que afectan a su actividad posibilitó la llegada Geert Wilders a la Presidencia.

En los últimos meses, las protestas se han centrado en Alemania. Y ahora han saltado a Francia y Bélgica, al tiempo que el sector español comienza a preparar sus particulares protestas.

El problema de fondo es idéntico: el fuerte aumento de costes de producción derivado de la creciente y asfixiante regulación climática y la ventaja competitiva que esto supone para otros países de fuera de la UE, al poder ofrecer productos más baratos.

La solución que plantean muchos afectados, sin embargo, no ataca la raíz de la cuestión, que no es otra cosa que esa perjudicial normativa a sus intereses, sino que se centra en solicitar que se apliquen idénticas restricciones a los alimentos importados de fuera.

Pero de poco o nada servirá que los estados comunitarios eleven sus barreras comerciales, con el consiguiente daño a los productores de terceros países y a los propios consumidores europeos, si insisten en su estrategia de encarecer la producción agrícola y ganadera de los países miembros con la excusa de combatir el cambio climático.

El problema es la regulación, no la sana competencia procedente de otros países.