Aire limpio, purificación del agua, reserva hídrica y absorción de agentes que contribuyen al calentamiento global son algunas de las propiedades de los humedales. Se trata de uno de los ecosistemas más nobles e importantes que existen, que cumplen funciones clave para el equilibrio del ambiente.

En Argentina la hay territorios de todo tipo que se encuadran bajo esta figura y 23 de ellos son considerados de importancia internacional.

Los intentos para impulsar una ley que los proteja en el país perdieron estado parlamentario cuatro veces a pesar de que, según definiciones del Conicet, los humedales representan un 21,5% del territorio nacional, sean fundamentales tanto para mitigar sequías como inundaciones por sus funciones ecosistémicas y de que las consecuencias derivadas de la destrucción de estos ecosistemas se hayan padecido en grandes ciudades, como Buenos Aires o Rosario, de manera directa.

El 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, se celebró la Convención sobre los Humedales. A partir de allí quedó fijada esa fecha como Día Internacional de los Humedales. La Argentina adhirió a este convenio en 1991.

Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar, denominados de esta manera por tener importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales, distribuidos en casi todas las provincias.

Todavía está fresco el recuerdo de las cenizas y el humo que invadieron varias ciudades de la ribera del río Paraná en 2020 y 2022 por los incendios en el Delta (las más afectadas fueron Rosario, Villa Constitución, San Nicolás y San Pedro, entre otras).

Estas fueron las consecuencias directas de no preservar correctamente los humedales, que aportan aire limpio, agua purificada, reciclaje natural, generación de materia orgánica y la continuidad en el desarrollo de múltiples especies.

Conservar estos ecosistemas también colabora en sitios en los que el clima es seco, por lo que son vitales para mantener el equilibrio, como en la región andina del país (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja).

“Los humedales andinos son ecosistemas extremadamente frágiles, donde el agua es un factor escaso y la descarga natural se ve exacerbada por el cambio climático. Y la situación empeora por la presión enorme que reciben por la minería de litio”, explicó a TN Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La mayor presión sobre estos humedales se da por el “alquiler a distintos proyectos mineros en el mismo ecosistema”, detalló Marchegiani, algo que no colabora con el déficit hídrico de esas regiones. “Hay una impronta de ver al ambiente como un obstáculo al desarrollo, cuando, en realidad, con una adecuada política de protección ecosistémica se genera más confianza porque el país estaría alineado con los compromisos globales de cambio climático y protección de biodiversidad”.

En tanto, remarcó que el país no cuenta con ley de humedales, a pesar de que “hace más de 12 años que la sociedad civil la pide” y resaltó: “Distintos lobbies agroindustriales, inmobiliarios y mineros van frenando una ley de protección de humedales”.

Ley de humedales, el proyecto que nunca se concretó

La posibilidad de que la Argentina cuente con una ley de humedales se estancó varias veces en el Congreso y cuatro proyectos perdieron estado parlamentario, tras haber conseguido dictamen, desde 2013 a la actualidad.

El último fue el que más debate generó, a finales de 2022 y con medio Delta del Paraná ardiendo por incendios que duraron meses y arrasaron con cientos de miles de hectáreas

En ese entonces, tres comisiones de la Cámara de Diputados trataban, en plenario, el proyecto de ley de humedales que impulsó el entonces legislador Leonardo Grosso (Frente de Todos).

Esa iniciativa se conoció como la “ley consensuada”, ya que más de 500 organizaciones ambientalistas, científicos y especialistas la apoyaron. Y no sólo tuvo el visto bueno del sector ambientalista sino que también pusieron su firma diputados opositores

El proyecto contemplaba la definición de humedales, la regulación de los territorios, un ordenamiento de los mismos mediante inventarios y una moratoria para que entre el plazo de una eventual sanción de la ley y su puesta en marcha no se degraden los ecosistemas, entre otras cuestiones.

El dictamen de mayoría nunca se trató, por lo tanto, tampoco el de minoría. De esta manera, ambos perdieron estado parlamentario en diciembre y la ley de humedales se cayó por cuarta vez, tras intentos fallidos en 2015, 2018 y 2021.

“No queremos que la ley prohíba nada sino que regule. No estamos en contra de la actividad económica, del litio o de la gente que vive en las islas”, señaló Grosso. Y resaltó que el proyecto de ley consensuada puede ser retomado por cualquier legislador: “El contexto actual es un poco más complejo. Veo mucho más complicada una ley de humedales ahora, pero la veo más necesaria que antes”.