La agobiante presión tributaria de la que son parte los distintos agentes económicos de la argentina, en particular los del sector agropecuario, se convirtió en una mochila que ya pocos pueden seguir cargando y que a muchos les impidió seguir avanzando y quedaron en el camino.

La Argentina de la decisión fácil de financiar un ilimitado gasto público con más presión tributaria sobre los sectores que aún se mantienen en pie fue la que terminó en la profunda crisis aún irresuelta. Mantenerse en esa lógica sólo conduce al abismo porque va extrayendo la savia de la actividad económica hasta que logra disecarla.

Y ante el evidente estado de cosas, es momento de emprender rápidamente el camino contrario. Ya no se pueden seguir aumentando tributos ni creando discrecionalmente nuevos. Hay que poner la imaginación en función de recortarlos y eliminarlos, para lo cual hay que hacer mucho más eficiente el gasto público.

Es por eso que la inminente entrada en vigencia de un nuevo gravamen como el de la “mera compra” de productos agropecuarios en Córdoba genera un rechazo generalizado porque vuelve sobre aquellas viejas recetas de cargar contra los sectores productivos, en este caso el productor agropecuario, que será, una vez más, el que finalmente deberá afrontar ese tributo.

En 2022, el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba eximió del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la “mera compra” de productos agropecuarios, forestales y minerales. Es decir, se dejó de aplicar el tributo a los contribuyentes radicados fuera de Córdoba que compran esos productos dentro del territorio provincial.

Pero, como es un impuesto trasladable, además de generar conflictividad, la aplicación de la “mera compra” reduce el precio que perciben los productores cordobeses y genera que abonen el impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando esa actividad se encuentra exenta.

De otro modo, si no fueran los productores agropecuarios cordobeses los que terminaran asumiendo el tributo, el perjuicio se daría por la pérdida de competitividad de la producción provincial que se encarecería frente a la de otras jurisdicciones. Claramente las dos opciones son negativas.

En ese sentido, la Sociedad Rural de Río Cuarto expresa su preocupación y enérgico rechazo por considerar que esta medida significa un nuevo incremento del peso de la ya asfixiante carga impositiva que recae sobre el eslabón productivo, ya que se trata de una retención a las exportaciones a otras provincias que se suma a los derechos de exportación que aplica el Gobierno Nacional.

Conscientes de la necesidad de eficientizar el uso de los recursos fiscales y de transitar un camino definitivo de reducción tributaria, es que las entidades reiteraron al gobierno el pedido de derogar inmediatamente esta medida y a convocar a una reunión de diálogo a fin de encontrar una solución diferente a los problemas presupuestarios que puedan estar ahogando las finanzas cordobesas.

Casualmente, la entrada en vigencia de este nuevo gravamen se daría justo cuando una extensa pelea a nivel nacional daba sus frutos: ya no se prorrogará la penalización de tasas para quienes tengan 5% o más de su producción de granos.

Naturalmente es una medida que nunca debió existir y por eso se celebra su eliminación. Sabiendo, por otro lado, que hay una decisión más de fondo que el campo espera ver pronto plasmada y que tiene que ver con la derogación de los derechos de exportación, aguardando que la reciente aprobación de la Ley Bases acelere ese proceso.