El Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), que tenía como objetivo potenciar al sector. 

En este contexto  la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas, la Federación de Rurales de Chubut y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, entidades que integran CRA, plantean la necesidad de una ley.  

Señalaron que "su derogación es un pecado que puede acarrear efectos desbastadores para la actividad".

Las entidades consideran que la ley -sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada en el año 2003- ha sido una herramienta formidable para en el crecimiento y la formalidad de las majadas, para la mejora genética y de infraestructura, siendo una actividad de alto involucramiento social y familiar, natural y netamente renovable.

"La justificación actual para archivar esta ley y hacer desaparecer su financiamiento denota el típico desconocimiento del centralismo que no tiene la capacidad de ingresar minuciosamente a los territorios profundos para ver cómo una excelente herramienta pudo transformar y hacer crecer la actividad ovina en el país", señalan.