Se realizó la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en la que se acordó la emisión de una declaración solicitando a la Unión Europea postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 que obliga a exportar hacia ese destino soja y carne “libres de deforestación” a partir de 2025. La petición será presentada formalmente mediante nota dirigida a la Comisión Europea.

Los representantes de los países integrantes del CAS expresaron su preocupación en cuanto al impacto negativo que este reglamento pueda tener en el comercio internacional y manifestaron dudas en cuanto su compatibilidad con las obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio. 

En este sentido, resaltaron el liderazgo de la región en la adopción de buenas prácticas de producción agrícola y tecnologías para mejorar la producción agroindustrial. Señalaron que los problemas globales requieren soluciones globales, no existiendo soluciones únicas, para lo cual es fundamental fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional, donde cualquier medida debe basarse en fundamentos científicos sólidos y adaptarse a las realidades locales en el marco de las legislaciones nacionales.

Deforestación cero

El Parlamento Europeo aprobó en 2023 una ley que limita la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. Implica, en una primera etapa, a carnes, soja, madera, café y palma provenientes de regiones desmontadas, y entrará en vigencia en 2025.

A partir de esta ley, Europa no aceptará productos que procedan de tierras deforestadas ni que hayan provocado deforestación después del 31 de diciembre de 2020. De este modo, de ahora en más, las empresas tendrán que demostrar que sus productos cumplen la legislación del país de origen.

Esta norma contra la “deforestación importada” implica que en el mediano plazo no podrán ingresar a Europa productos realizados en desmontes posteriores a 2020 (ya sean legales o ilegales) tales como ganado, soja, madera, cacao, café, palma, caucho, carbón y papel. La ley también incluye a los derivados de estos productos, como chocolates o muebles.