La producción de peras y manzanas en el Alto Valle enfrenta una de sus crisis más severas en los últimos años. Los productores advierten que la falta de medidas concretas por parte del Gobierno pone en riesgo la sustentabilidad del sector, que ya opera al límite.

El declive del consumo interno, sumado a la disminución de las exportaciones y la ausencia de políticas de apoyo, está llevando a muchos productores a descartar grandes volúmenes de fruta. Carlos Zanardi, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro, alertó:

“Se hace necesario la decisión del más alto nivel nacional, involucrando a los Gobernadores de las provincias de Rio Negro y Neuquen, para recuperar todas las tierras productivas bajo riego. Se deben tomar decisiones políticas para el salvataje de los pequeños y medianos productores”, remarcó el directivo. 

Un sector en crisis

Las provincias de Río Negro y Neuquén representan el 80% de la producción nacional de estas frutas y sostienen más de 75.000 empleos. Sin embargo, los costos de producción han aumentado exponencialmente, mientras que los ingresos no logran cubrir los gastos.

En particular, la mano de obra—que representa el 65% del costo total de producción—registró un aumento del 115%. Al mismo tiempo, el valor del dólar oficial utilizado para las exportaciones resulta insuficiente para mantener la rentabilidad del sector.

La superficie cultivada también ha caído drásticamente: en los últimos 15 años, la producción pasó de 2 millones de toneladas a 1,1 millones, reflejando un retroceso alarmante en la actividad.

Fruta descartada y mercados de emergencia

El panorama se traduce en una imagen cada vez más frecuente en la región: fruta descartada en chacras o vendida a la industria a precios ínfimos. En muchos casos, las empresas entierran la producción excedente, mientras que otras intentan colocarla en mercados externos con ventas de último recurso.

En octubre pasado, el stock de peras refrigeradas alcanzaba las 49.000 toneladas, un 70% por encima del promedio de los últimos cinco años. Ante esta sobreoferta, las compañías buscan exportar a destinos como Rusia, Perú y Bolivia, aunque los precios ofrecidos son significativamente más bajos que los habituales.

Actualmente, una caja de frutas se vende entre U$S 8 y U$S 10, cuando en condiciones normales su precio oscilaría entre U$S 15 y U$S 18. A pesar de esto, los productores no tienen más alternativa que aceptar estos valores para intentar mitigar las pérdidas.

Con este escenario, el sector frutícola del Alto Valle exige una intervención gubernamental que permita recuperar la rentabilidad y evitar la desaparición de los pequeños y medianos productores.