Una Fórmula Compleja y Falta de Claridad

El impuesto inmobiliario rural en Córdoba ha sido motivo de reclamos en los últimos años debido a la dificultad para entender cómo se calcula y a la falta de información clara para los productores. Según explicó Vanesa Padullés Igoillo, desde hace siete años el cálculo del impuesto se basa en una fórmula polinómica que, aunque busca mantener un criterio de equidad, resulta difícil de interpretar para los contribuyentes.

"Nosotros para poder mantener un diálogo con el gobierno necesitábamos descifrar un poco en qué constaba esa fórmula polinómica que ellos aseguran que es para que sea equitativo el impuesto, y nosotros también queremos saber claramente cómo se compone", explicó la dirigente.

La fórmula utilizada por el gobierno toma en cuenta distintos factores patrimoniales, dividiendo los campos en cinco categorías y aplicando un coeficiente de equidad inmobiliaria. Este coeficiente es el que ajusta el impuesto en función de la inflación y de la valuación del patrimonio de cada contribuyente. Además, se suma una alícuota que termina de definir el monto final a pagar.

Sin embargo, los productores no reciben información clara sobre cómo se aplican estos valores a sus propiedades, lo que genera incertidumbre y dificulta la previsión de costos a futuro.

"No es fácil de entender, no sé si está clara", reconoció Padullés Igoillo, señalando que la falta de transparencia en la publicación de los datos agrava la situación.

El desconocimiento sobre cómo se establecen estos coeficientes llevó a muchos productores a sentirse sorprendidos por los aumentos en sus boletas y a cuestionar la manera en que el gobierno gestiona la recaudación del impuesto.

Reuniones con el Gobierno y Reacciones del Sector

Ante la preocupación del sector agropecuario, CONINAGRO y otras entidades han mantenido reuniones con el gobierno provincial para discutir el tema impositivo. Según detalló Padullés Igoillo, el gobernador de Córdoba afirmó que no habría un incremento en términos relativos, pero que se mantendría el poder adquisitivo de la recaudación respecto a años anteriores.

"Si bien los gobiernos nos presentan cuál es el poder adquisitivo de lo que recaudan, nosotros tenemos que ver cuál es la capacidad contributiva de los productores", señaló la presidenta de CONINAGRO Córdoba, destacando que el gobierno pone el foco en su necesidad de financiamiento sin considerar el impacto que estos aumentos generan en los productores.

En este contexto, la baja rentabilidad de cultivos como la soja y la crisis económica general han dificultado aún más la situación del sector. Los productores argumentan que el incremento del impuesto se suma a una serie de dificultades financieras que incluyen costos de producción elevados, inflación y condiciones climáticas adversas.

Además del impuesto inmobiliario rural, se discutió la aplicación de otras tasas, como la de seguridad rural. Desde CONINAGRO, lograron evitar su cobro en aquellas zonas donde el servicio aún no está implementado.

"Había en danza una tasa de seguridad que creímos y nos pusimos en firme que no fuera cobrada, porque no en toda la provincia aún se está dando el servicio de seguridad rural como para cobrar una tasa", explicó Padullés Igoillo.

Otro punto clave fue la negociación sobre el impuesto a la mera compra, correspondiente a los ingresos brutos. Gracias a la gestión de las entidades agropecuarias, se logró reducir la tasa a cero, aunque la intención del sector era que fuera eliminado por completo.

"Hubiéramos preferido que directamente el impuesto deje de existir, pero se bajó a cero", enfatizó la dirigente.

A pesar de estas gestiones, el malestar entre los productores sigue presente, ya que consideran que el gobierno no ha mostrado una actitud abierta al diálogo y que los ajustes realizados no son suficientes para aliviar la carga impositiva.

Confusión con los Cálculos y Descuentos Eliminados

Uno de los problemas más graves que surgieron con la aplicación del impuesto fue la falta de información clara y accesible para los productores.

Cuando finalmente se publicaron los cedulones de rentas, muchos productores se encontraron con aumentos inesperados y dificultades para interpretar los valores asignados a sus propiedades.

"Cuando estuvieron disponibles los cedulones de rentas en la página, todos estábamos igual de expectantes, no sabíamos cómo iban a aparecer", comentó Padullés Igoillo.

El aumento inicial del impuesto se había establecido en un 189%, pero en enero, el gobernador decidió reducirlo al 172%, ajustándolo a los niveles de inflación registrados en ese momento.

Además, se eliminaron descuentos clave que los productores solían utilizar para aliviar la carga impositiva, como el 10% por pago contado y el 5% por pago con débito automático o en el marco de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

"Cuando se iba a aplicar nadie nos dijo que no iban a ser las mismas condiciones de pago, que no iba a estar el 10% de descuento por pago contado, que no está a la vista el 5% por pago por aplicar en las BPA o pagar por débito", denunció la presidenta de CONINAGRO Córdoba.

Estas decisiones generaron descontento generalizado, ya que los productores se sintieron desinformados y sin opciones para mitigar el impacto del aumento.

Tensiones en la Mesa de Enlace

El malestar por el aumento del impuesto no solo estuvo dirigido al gobierno, sino también a la Mesa de Enlace Córdoba, la entidad que representa a las principales organizaciones agropecuarias de la provincia.

"En la asamblea no solo hubo quejas contra el gobierno, sino también hacia la Mesa de Enlace", reconoció Padullés Igoillo.

Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la creación de una fundación dentro de la Mesa de Enlace, financiada en parte con fondos públicos. Desde CONINAGRO, decidieron no participar en esa estructura, ya que consideran que el financiamiento debe provenir exclusivamente de los productores.

"Los recursos que administre una fundación propiamente hecha por las entidades no pueden venir del sector público, no pueden ser recursos públicos ni un porcentaje del inmobiliario rural", explicó.

Esta diferencia de criterios ha dificultado la unidad dentro de la Mesa de Enlace y, en consecuencia, ha afectado la capacidad del sector para negociar en conjunto con el gobierno.

Un Llamado a la Participación Activa

Para finalizar, Vanesa Padullés Igoillo envió un mensaje directo a los productores, instándolos a involucrarse activamente en la defensa de sus intereses.

"Los hemos escuchado en todo este tiempo, sean o no socios de cooperativas (...). Sabemos muy bien donde estamos parados respecto a eso, pero también todo lo que hacemos necesitamos, no dejar sillas vacías y que ellos tampoco las dejen".

Además, remarcó que el compromiso debe ser constante y no limitarse a manifestaciones puntuales:

"Necesitamos el acompañamiento y la participación, no una vez al año y a los gritos en una asamblea, sino en forma permanente".

Con un sector agropecuario cada vez más presionado por la carga impositiva, la discusión sobre el impuesto inmobiliario rural sigue abierta. La clave, según Padullés Igoillo, radica en mantener la unidad del sector y exigir mayor transparencia en la toma de decisiones.