Este martes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la derogación de una de las regulaciones más emblemáticas que regía sobre la producción de carne bovina: el peso mínimo obligatorio para la faena.

La medida, que había sido instaurada en 2007 y luego modificada en sucesivas ocasiones, será eliminada a partir del 1° de enero de 2026.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución que argumenta que la regulación ya no tiene sentido técnico ni económico. Según el Gobierno, hoy los productores están plenamente capacitados para determinar el momento óptimo de faena, sin necesidad de intervenciones estatales.

La normativa que queda sin efecto fue parte de una política impulsada durante los gobiernos kirchneristas, con el objetivo de aumentar el peso promedio de los animales faenados. Sin embargo, no logró ese efecto y, según el Ministerio de Economía, terminó generando distorsiones en el mercado y limitaciones a la libertad productiva.

La derogación está alineada con los principios del DNU 70/2023, que promueve una economía basada en la libre iniciativa privada y la menor intervención estatal posible. En ese marco, se busca una “transición ordenada” que permita a los productores y frigoríficos adaptarse al nuevo escenario sin reglas impuestas.

Puntos principales:

• Aplicación desde 2026: La desregulación entra en vigencia el 1° de enero de 2026, para permitir la adecuación del sector.

• Fin de una política de casi 20 años: Se eliminan las resoluciones que desde 2007 fijaban pesos mínimos obligatorios de faena para novillitos y vaquillonas.

• Marco legal: La resolución se ampara en los principios del DNU 70/2023, que busca desregular el comercio y eliminar distorsiones del mercado.

• Argumento oficial: El Gobierno sostiene que los productores tienen hoy las herramientas y conocimientos para decidir por sí mismos el momento óptimo de faena.

• Transición prevista: La resolución aclara que los procedimientos e infracciones anteriores al 1° de enero de 2026 seguirán su curso según la normativa previa.

• Crítica a la intervención estatal: El Ministerio de Economía consideró que las normativas previas afectaban la planificación ganadera y limitaban la autonomía del productor.