En una sesión parlamentaria que marcó un nuevo revés político para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados de la Nación derogó por amplia mayoría el decreto 462/25, que proponía una profunda reforma en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Con 141 votos afirmativos, 65 en contra y una abstención, la iniciativa fue rechazada, al igual que otros decretos que apuntaban a desarticular organismos públicos estratégicos como Vialidad e INTI.

La votación se dio en medio de un clima de tensión y movilización social. Durante 36 horas, los trabajadores del INTA realizaron un paro nacional impulsado por la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que incluyó una masiva marcha al Congreso en defensa del organismo.

La medida sumó el apoyo de científicos, productores agropecuarios, gobiernos provinciales y universidades, quienes advirtieron sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales de debilitar a uno de los principales entes de investigación y transferencia tecnológica del país.

El decreto impulsado por el Ejecutivo proponía modificar la ley 25.641 que regula el funcionamiento del INTA, eliminando su estructura de autarquía y coparticipación con el sector agropecuario.

Entre los cambios más cuestionados figuraban la posibilidad de que el Poder Ejecutivo designe unilateralmente a los miembros del Consejo Directivo, la habilitación para disponer de bienes del organismo y la reducción de su capacidad de decisión técnica.

“La derogación de este decreto no es una victoria de un partido, sino de la ciencia pública, del agro y de la Argentina federal que necesita investigación y desarrollo”, expresó en el recinto la diputada radical Marcela Antola, quien fue una de las impulsoras del rechazo junto con legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el socialismo y bloques provinciales.

Por su parte, desde APINTA celebraron el resultado con una vigilia frente al Congreso. “Se ha defendido una herramienta clave para las economías regionales, la producción sostenible y el arraigo rural. El INTA no se toca”, manifestaron en un comunicado.

La resolución pasa ahora al Senado, donde también se espera un fuerte debate. En ese contexto, gremios y organizaciones anunciaron que mantendrán el estado de alerta para garantizar la protección de un organismo que, desde hace más de 65 años, es referente en innovación agropecuaria, extensionismo rural y articulación público-privada.

La caída del decreto 462/25 representa mucho más que un revés legislativo: pone de relieve los límites del ajuste institucional impulsado por el Ejecutivo y reafirma el valor estratégico del conocimiento científico para el desarrollo productivo nacional.