La publicación del Decreto 722/2025, que elimina los derechos de exportación (DEX) para el cobre y otros minerales incluidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desató una fuerte reacción en el sector agropecuario.

Mientras el Gobierno celebró la medida como un paso estratégico para atraer inversiones y generar divisas, productores y dirigentes rurales denunciaron una nueva señal de desigualdad fiscal.

La medida beneficia a la minería —actividad extractiva con alto potencial exportador—, pero contrasta con la continuidad de las retenciones para el agro: soja 26%, maíz 9,5% y girasol 5,5%. Para el campo, la diferencia de trato no sólo es injusta, sino que erosiona la competitividad de un sector clave para el ingreso de dólares y la generación de empleo en el interior productivo.

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales y grupos de WhatsApp de productores.

“Queremos las mismas condiciones que la minería. Ni más ni menos”, sintetizó un productor de Pergamino. En el interior bonaerense y santafesino, algunos dirigentes no descartan convocar a asambleas si no hay señales de cambios en la política tributaria.

Entre las voces más duras estuvo la de Néstor Roulet, productor y exsecretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria durante el macrismo: “Es incoherente sostener retenciones a la producción de alimentos y quitarle impuestos a una actividad extractiva. El campo necesita reglas claras, no ser siempre el que pone la plata”.

El reclamo se da en un contexto en el que las entidades rurales ya venían insistiendo en la necesidad de eliminar o reducir las retenciones y de impulsar una reforma tributaria integral que reconozca el impacto de la inflación sobre los costos de producción. La decisión del Ejecutivo, lejos de calmar los ánimos, parece haber encendido una chispa que podría escalar en las próximas semanas.