CLAVE DE LA SEMANA

Milei elimina la Dirección Nacional del INTA en medio de la disputa por su reestructuración

En plena pulseada política y técnica por el futuro del INTA, el Gobierno decidió suprimir la Dirección Nacional del organismo, creada en 2019, y transferir sus funciones directamente a la presidencia. La medida, que se inscribe en el proceso de “reforma” impulsado por el Ejecutivo, llega mientras el Congreso debate un proyecto para revertir el decreto que modificó la estructura del Instituto.

El mensaje implícito es claro: la Casa Rosada busca concentrar la conducción y agilizar las decisiones, reduciendo escalones jerárquicos que considera innecesarios. Para el oficialismo, es un paso más hacia un INTA “más ágil y eficiente”; para sus críticos, es la señal de una intervención directa que puede debilitar los equilibrios internos y la autonomía técnica del organismo.

El INTA no es un ente cualquiera: es un pilar histórico en la investigación, la extensión y la transferencia tecnológica para el agro argentino. Su estructura siempre fue un delicado balance entre el Estado, el sector productivo y la comunidad científica.

Modificar ese esquema implica alterar no solo su dinámica interna, sino también su capacidad de respuesta frente a desafíos estratégicos como la adaptación al cambio climático, la innovación en bioeconomía y la sostenibilidad de la producción.

La decisión de Milei, más allá de su alcance administrativo, es un nuevo capítulo de un debate mayor: ¿qué papel debe jugar el Estado en el desarrollo tecnológico agropecuario? Y, sobre todo, ¿cómo asegurar que la modernización no se convierta en un vaciamiento de capacidades?

Esta semana, la clave no está solo en el decreto, sino en la señal política que envía: el Gobierno está decidido a redibujar el mapa institucional del agro, incluso si eso implica tensionar con el Congreso y con buena parte de la comunidad científica y productiva.