Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —CRA, SRA, FAA y Coninagro— mantuvieron este lunes una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación temporal de las retenciones para granos, carnes y subproductos.

El encuentro, realizado de forma mixta en Buenos Aires y por videoconferencia, contó también con la participación del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda.

En representación de las entidades asistieron Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas).

“Queremos que sea permanente”

Al término de la reunión, Pino expresó que mantuvo un intercambio con el presidente Javier Milei:

“Le pedí que lo ideal sería que esta medida pueda definirse de manera permanente. El Presidente me respondió lo de siempre: que ojalá la baja de impuestos ocurra lo más rápido posible”.

El titular de la SRA destacó el carácter inédito de la decisión:

“Tantos años pidiendo una medida y al final se nos da. Es la primera vez que un Gobierno, en vez de subir impuestos o inventar uno provisorio que después queda para siempre, decidió bajar por 40 días las retenciones”.

Reclamos por previsibilidad

Por su parte, la presidenta de FAA, Andrea Sarnari, remarcó que la propuesta del sector fue clara:

“Necesitamos que las medidas sean permanentes. Lo transitorio no da la previsibilidad necesaria para desarrollarnos e invertir”.

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, reconoció estar sorprendido por la decisión:

“Es un reclamo que veníamos haciendo. Quizás los motivos que llevaron a tomar esta medida sean otros, pero para el sector es una noticia importante”.

Impacto inmediato en el mercado

El anuncio generó reacciones mixtas en el campo. Mientras algunos celebraron la baja de retenciones, otros plantearon dificultades por contratos ya cerrados y por el impacto en el pago de alquileres de campos, que se pactan en base al precio de la soja, el cual superó los $500.000 por tonelada tras conocerse la medida.

El Gobierno espera que la decisión impulse la liquidación de U$S 7.000 millones en divisas en medio de la tensión cambiaria y a pocas semanas de las elecciones legislativas nacionales.