Evaluación del Congreso en 2025

Según el informe de la fundación, el Congreso de la Nación tuvo un año de intensa actividad política, con numerosas sesiones y proyectos, pero esto no se tradujo en un avance legislativo significativo. Menos del 0,5% de las propuestas de ley ingresadas fueron convertidas en leyes efectivas.

La fundación presidida por Ángeles Naveyra destacó que, a pesar del volumen de proyectos y dictámenes discutidos, la capacidad de convertirlos en leyes operativas fue limitada.

Disputas Fiscales y Actividad Legislativa

El informe también señala que el 70% de la agenda legislativa fue impulsada por la oposición, mientras que el oficialismo se centró en frenar iniciativas que, según ellos, comprometían el equilibrio fiscal. Proyectos como la moratoria previsional y aumentos por movilidad jubilatoria fueron aprobados por el Congreso pero luego vetados por el Poder Ejecutivo debido a su impacto fiscal.

Otros temas clave incluyeron el financiamiento universitario y leyes relacionadas con la discapacidad, cuyos vetos fueron rechazados por el Congreso, aunque su implementación está suspendida hasta asegurar los recursos necesarios.

Impacto en el Sector Agropecuario

En cuanto al sector agropecuario, la Fundación Barbechando indicó que, aunque no se lograron avances concretos en temas como retenciones, maquinaria agrícola y biocombustibles, estos asuntos se han posicionado como debates importantes en el Congreso.

Un ejemplo significativo fue la discusión sobre Derechos de Exportación, tratada formalmente después de 17 años. Este posicionamiento es visto como un paso relevante para la construcción de la agenda legislativa de 2026.

Perspectivas para 2026

De cara al próximo período legislativo, se esperan definiciones políticas y fiscales cruciales. Los temas inminentes incluyen el presupuesto 2026, una reforma fiscal e impositiva orientada a la simplificación y sostenibilidad, una reforma laboral enfocada en productividad y formalización, la Ley de Inocencia Fiscal para inversores, y la reforma del Código Penal para modernizar estándares regulatorios.

La fundación concluye que el nivel de conflictividad y los acuerdos alcanzados definirán la capacidad del Congreso para proporcionar estabilidad en el futuro.