Dos proyectos de ley que se debaten en la Comisión de Transporte de la cámara baja buscan autorizar, bajo estrictas condiciones, la siembra y la cosecha en franjas adyacentes a las rutas nacionales. Las iniciativas, presentadas por Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria), apuntan a revertir la prohibición que rige desde 2008 y que dejó sin efecto el régimen de permisos para esas superficies.

Según datos de la Fundación Barbechando, entidad que monitorea la actividad legislativa vinculada al agro en el Congreso, la medida permitiría recuperar unas 50.000 hectáreas hoy sin uso productivo.

La estimación surge de considerar aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal de la Red Vial Nacional, que cuenta con unos 40.000 kilómetros en zonas productivas.

Una práctica habitual hasta la resolución de 2008

Antes de esa fecha, sembrar al costado de las carreteras era una costumbre extendida durante el boom de la soja, aunque la práctica implicaba riesgos vinculados a la circulación y al dominio público. Luego de la suspensión de los permisos y en medio de la conflictividad entre el campo y el Gobierno nacional por las altas retenciones, la siembra en esos espacios dejó de ser rentable y quedó prohibida.

En este marco, ambos proyectos establecen que no se podrá cultivar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial. Además, prevén que los productores frentistas tengan prioridad para acceder a permisos precarios y onerosos sobre tierras que hoy son de dominio público.

Diferencias en el destino de los fondos

"Los proyectos apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas" — Fundación Barbechando

Aunque comparten el objetivo de ampliar la superficie productiva, los proyectos difieren en el destino de lo recaudado. Según quedó establecido, la propuesta del PRO destinaría los fondos al mantenimiento de la Red Vial Nacional, mientras que la de Unión por la Patria apunta a un fin social y cooperativo.

Antecedentes provinciales y el debate por la seguridad vial

La Fundación señaló que existen experiencias similares fuera del ámbito nacional. En la provincia de Buenos Aires, la ley N.º 10.342 —sancionada en 1985— autoriza a los municipios a otorgar permisos sobre franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales. Allí, localidades como 9 de Julio ya avanzaron con esta lógica de uso productivo regulado.

"¿Es posible generar actividad productiva y recursos para el mantenimiento vial en tierras linderas a las rutas sin comprometer la seguridad? Ambas propuestas buscan responder que sí, siempre que exista regulación, control y delimitación precisa de las superficies autorizadas" — Fundación Barbechando

Con la pregunta central sobre cómo compatibilizar la producción agropecuaria con la seguridad de las rutas nacionales, el debate quedó abierto a la espera de que avance el tratamiento en el recinto durante las próximas semanas.