El gobernador Martín Llaryora, acompañado por el ministro de Producción, Fernando Sibilla, firmó y elevó a la Legislatura provincial el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La iniciativa apunta a unificar en un cuerpo normativo único los regímenes de promoción vigentes y a establecer reglas claras para las empresas que inviertan en maquinaria, equipos y nuevas tecnologías en territorio cordobés.

Exenciones impositivas y zonas favorecidas

El régimen general prevé exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario durante 10 años para los proyectos que cumplan los requisitos previstos. El plazo se extendería a 15 años para las inversiones localizadas en parques industriales y en las zonas del noroeste y el sur provincial contempladas en la ley. Además, la norma promueve la instalación de empresas en parques industriales y la incorporación de herramientas vinculadas a la Industria 4.0.

Beneficios para pymes y empleo

Para las pymes, la propuesta incorpora una asignación estímulo a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado. Su valor equivale a un salario mínimo, vital y móvil durante un año, plazo que se amplía a dos años en los proyectos alcanzados por los beneficios incrementales. También se prevé un régimen simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones.

Para acceder a la exención de Ingresos Brutos sobre su actividad industrial, las firmas deberán realizar inversiones en activos fijos por un monto equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad correspondiente al año anterior. La exención no alcanzaría a las operaciones con consumidores finales.

Financiamiento y vigencia

La iniciativa contempla beneficios impositivos por cinco años para los parques o áreas industriales que operen bajo una forma jurídica propia. También faculta al Poder Ejecutivo a acordar líneas de crédito especiales, a tasas preferenciales o subsidiadas, para los proyectos comprendidos en la ley. Los beneficios concedidos bajo las normas actuales conservarían sus plazos y condiciones originales.

De ser aprobado por la Legislatura, el nuevo régimen entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2036.